El Tribunal Fiscal (TF) recuerda que el contribuyente tiene derecho a que la fiscalización se lleve a cabo de tal manera que permita ejercer su derecho de defensa; para ello, la labor de la administración tributaria debe ser lo más clara y precisa, de modo que el contribuyente tome conocimiento de los reparos; de lo contrario, puede verse limitado a ofrecer las pruebas pertinentes que justifiquen la correcta determinación de sus obligaciones tributarias.
En este sentido, en las RTF 04856-1-2007 y 03150-2-2009, entre otras, el tribunal ha establecido que los actos emitidos por la administración deben contener de forma expresa las razones jurídicas y fácticas que los sustentan, y no que el administrado deba hacer una evaluación de su situación particular para determinar qué hecho podría estar vinculado con el acto emitido.
